SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

Las entidades del Estado deben implementar su Sistema de Control Interno en un plazo de dieciocho (18) meses, contados desde la entrada en vigencia de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2019, conforme lo dispone su Centésima Vigésima Segunda Disposición Complementaria Final; en tal sentido, el citado plazo vence el 30 de junio de 2020.

Después del citado plazo las entidades deben continuar y mejorar el funcionamiento de su Sistema de Control Interno, al ser este un proceso continuo y permanente.

En el caso de los programas y unidades ejecutoras, el Titular de la entidad es la máxima autoridad jerárquica, el cual puede ser de carácter unipersonal o colegiado, en tanto corresponda.

En caso de órganos colegiados, se entenderá por Titular, a quien lo preside.

A partir de la vigencia de la Directiva, los Comités de Control Interno, constituidos en las entidades públicas (con excepción del FONAFE, SBS y las entidades que se encuentran bajo la supervisión de ambas), ya no se encuentran a cargo de la implementación del Sistema de Control Interno, puesto que su dirección y supervisión se encuentran a cargo de un Órgano o Unidad Orgánica de la entidad que, según su nivel de gobierno, es:

• En Gobierno Nacional: La Secretaría General, o la que haga sus veces.
• En Gobierno Regional: La Gerencia Regional, o la que haga sus veces.
• En Gobierno Local: La Gerencia Municipal, o la que haga sus veces.
• En otras entidades: Será el órgano o unidad orgánica con la máxima autoridad administrativa institucional

En ese sentido, el citado Comité queda sin efecto, debiendo transferir toda la información y documentación generada de la implementación del Sistema de Control Interno, al órgano o unidad orgánica responsable establecido por la Directiva.

Las funciones establecidas por la Directiva NO pueden ser delegadas; por lo que, corresponde al Titular y los órganos o unidades orgánicas de la entidad señalados en la Directiva, ejercer las funciones establecidas en la misma.

Conforme lo establece la Segunda Disposición Complementaria Final de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, la Contraloría implementará el aplicativo informático del Sistema de Control Interno en un plazo de noventa (90) días calendario posteriores a la entrada en vigencia de la Directiva.

Una vez que entre en funcionamiento el citado aplicativo informático, las entidades del Estado podrán acceder al mismo, a través del portal institucional de la Contraloría.

Las entidades del Estado no deben remitir información, en forma física, a la Contraloría General de la República, cabe señalar que el numeral 6.6 de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, establece que la Contraloría pondrá a disposición de las entidades del Estado, el aplicativo informático del Sistema de Control Interno, como una plataforma de trabajo en el cual, el órgano o Unidad Orgánica Responsable de la implementación del SCI en la entidad, deberá registrar la información sobre el desarrollo de los ejes: Cultura Organizacional, Gestión de Riesgos y Supervisión para implementar el Sistema de Control Interno. Asimismo, en dicho aplicativo, deberá adjuntar la documentación que evidencie o sustente dicha implementación.

Con la finalidad de establecer un orden en la generación de usuarios de acceso al aplicativo informático, se recomienda que los Titulares de las entidades del Estado soliciten la generación de usuario de acceso del aplicativo, cuando éste se encuentre en funcionamiento.

Desde la vigencia de la Directiva, las entidades que se encuentran dentro de su alcance no se encuentran obligadas de registrar información en el aplicativo informático del SISECI, conforme lo establece la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Directiva.

Sin perjuicio de lo expuesto, las entidades del Estado, de considerarlo conveniente, pueden adjuntar en dicho aplicativo, la información que consideren oportuna.

Sí, la entidad tiene la obligación de registrar la información y documentación que evidencia la implementación del SCI, en el aplicativo informático del SCI, conforme a lo señalado en el numeral 6.6 Aplicativo informático del Sistema de Control Interno, de la Directiva.

El titular de la entidad, así como el funcionario a cargo del órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI son responsables del registro de la información y documentación en el aplicativo informático del SCI, conforme a las funciones señaladas en el numeral 6.5 de la Directiva.

Cabe señalar que la información que se registre en el aplicativo informático del SCI tiene la condición de declaración jurada.

Las entidades del Gobierno Local para efectos de la implementación del SCI, han sido clasificadas en tres grupos, los cuales son:

Grupo 1:

• Municipalidades de Lima Metropolitana, que comprende la Municipalidad Metropolitana de Lima y las municipalidades distritales de Lima Metropolitana
• Municipalidad Provincial del Callao y las municipalidades distritales de dicha Provincia.
• Las entidades adscritas y unidades ejecutoras de las municipalidades antes mencionadas, así como sus empresas públicas que no formen parte de FONAFE. (*)

Grupo 2:

• Las Municipalidades Provinciales clasificadas por el MEF como tipo A y B, con excepción de las Municipalidades comprendidas en el Grupo 1,
• Las municipalidades distritales que cuenten hasta con 70% de población urbana, clasificadas por el MEF como tipo D y E,
• Las entidades adscritas y unidades ejecutoras de las municipalidades antes mencionadas, así como sus empresas públicas que no formen parte de FONAFE. (*)

Grupo 3:

• Las Municipalidades distritales que cuentan con menos de 70% de población urbana, clasificadas por el MEF como Tipo F y G.
• Las entidades adscritas a estas municipalidades y sus empresas públicas que no formen parte de FONAFE. (*)

(*) En los casos que corresponda.

La RC N° 093-2021-CG aprobada el 30 de marzo de 2021 modifica la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, establece que la implementación del SCI se efectúa a través del desarrollo de los ejes Cultura Organizacional, Gestión de Riesgos y Supervisión.

Para el desarrollo de los citados ejes, las entidades del Estado deben elaborar los siguientes entregables, en los plazos que se indican a continuación:

Durante el funcionamiento del Sistema del Control Interno, los entregables deben ser elaborados en los siguientes plazos:

Para ejecutar este paso, las entidades del Estado deben responder las preguntas de las secciones de los ejes Cultura Organizacional, Gestión de Riesgos y Supervisión del Cuestionario de evaluación de la implementación del SCI contenido en el Anexo 1 de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG y su modificatoria, con base a la información obtenida por la entidad hasta el último día hábil del mes de diciembre del año anterior para el reporte a presentar en el mes de enero y con base a la información obtenida por la entidad hasta el último día hábil del mes de junio del presente año para el reporte a presentar en el mes de julio.

El tercer párrafo del numeral 7.3.1 Paso 1: Priorización de Productos de la Directiva, establece que si la Acción Estratégica Institucional o Programa Presupuestal (producto), está conformado por más de un bien o servicio final, cada uno de ellos constituye un producto que debe ser tomado en cuenta en la priorización, para tal efecto puede utilizar el ejemplo establecido en el Anexo N° 4 “Ejemplo de Subdivisiones de las Acciones Estratégicas Institucionales” de la Directiva.

Para el año 2021, la entidad debe consignar a cada producto de la lista, el presupuesto asignado para su ejecución o desarrollo, tomando en cuenta el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) actualizado al 31 de marzo de 2021.

En el caso de los años siguientes, la entidad deberá consignar el presupuesto, tomando en cuenta el PIM, actualizado al 28 de febrero de 2021.

A partir de la vigencia de las modificaciones de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, las entidades del Estado que se encuentran bajo su alcance deben aplicar un solo criterio, este es, presupuesto asignado para la ejecución o desarrollo del producto.

En ese sentido, la entidad debe incorporar a la gestión de riesgos de manera prioritaria los productos que tienen mayor presupuesto para su ejecución o desarrollo hasta incorporar el último de los productos consignados en la lista de productos de la entidad. La incorporación se efectuará conforme a las condiciones (de porcentaje del presupuesto y clasificación las entidades) que la Contraloría General de la República establezca en el aplicativo informático del SCI.

La Contraloría General de la República establecerá anualmente, a través del aplicativo informático del SCI, las condiciones que deben aplicar las entidades para la incorporación de los productos a la gestión de riesgos, tomando en cuenta que la incorporación de los productos se efectúa de manera progresiva en el tiempo, las cuales están referidas a:

La entidad debe evidenciar en un documento (acta de trabajo, informe u otro) la participación del titular de la entidad en la priorización de los productos y su conformidad sobre los productos que son incorporados a la gestión de riesgos.

La revaluación de los productos debe ser efectuada por los funcionarios y servidores con mayor conocimiento y experiencia en la ejecución y desarrollo de los productos, la participación de los mismos debe quedar evidenciado en un documento (acta de trabajo, informe, u otro).

La revaluación de productos consiste en efectuar una nueva evaluación de los riesgos identificados que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos trazados para el producto, debiendo aplicar para ello lo establecido en el literal b) Valoración de los riesgos del numeral 7.3.2 Paso 2: Evaluación de Riesgos, de la Directiva.

En ese sentido, la revaluación de los productos incorporados a la gestión de riesgos tiene como objetivos:

• Determinar si las medidas de control consignados en los Planes de Acción Anual – Sección Medidas de Control implementadas durante los años 2019 y 2020 cumplieron con el objetivo de mitigar o reducir el riesgo hasta que éste alcance un nivel de tolerancia aceptable por la entidad, tomando en cuenta el Anexo N° 7 – Tolerancia al riesgo, de la Directiva y lo dispuesto en el literal c) Determinar la tolerancia al riesgo del numeral 7.3.2 de la Directiva.

  En el caso que los riesgos no hayan alcanzado un nivel de tolerancia aceptable, la entidad puede modificar, rediseñar o eliminar las medidas de control consignadas en los Planes de Acción Anual; asimismo, debe incorporar en el citado documento, las nuevas medidas de control que deben ser implementadas para reducir los riesgos, las cuales deben ser diseñadas conforme a las disposiciones contenidas en el literal a) Establecer las medidas de control del numeral 7.3.3 Paso 3: Plan de Acción – Sección Medidas de Control, de la Directiva.

• Identificar nuevos riesgos que puedan afectar el cumplimiento de las metas y objetivos trazados para el producto, que pueden haberse generado a raíz de los nuevos factores externos e interno a la entidad.

  En el caso se identifiquen nuevos riesgos que sobrepasen el nivel de tolerancia, la entidad debe incorporar en el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control, las medidas de control que deben ser implementadas con la finalidad de reducir o mitigar el riesgo.

A partir de la vigencia de las modificaciones a la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, las entidades que se encuentran bajo su alcance deben registrar y enviar a la Contraloría General de la República, a través del aplicativo informático del SCI, la información y documentación sobre el seguimiento debe ser incorporado en el reporte de seguimiento del plan de acción anual, el cual se enviará en dos (2) oportunidades durante el año, el mismo que debe ser elaborado tomando en cuenta las disposiciones contenidas en el numeral 7.4.1 Paso 1: Seguimiento de la Ejecución del Plan de Acción Anual, de la Directiva.

El primer seguimiento debe ser remitido a la Contraloría, hasta el último día hábil del mes de julio de cada año, con información obtenida hasta el último día hábil del mes de junio de cada año; y, el segundo seguimiento, hasta el último día hábil del mes de enero del año siguiente, con información obtenida hasta el último día hábil del mes de diciembre de cada año.

A partir de la vigencia de las modificaciones a la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, las entidades que se encuentran bajo su alcance deben efectuar la evaluación de la implementación del SCI en dos (2) oportunidades al año, conforme a las disposiciones contenidas en el numeral 7.4.2 de la Directiva:

• La primera, una evaluación semestral, la misma que debe ser registrada en el aplicativo informático del SCI, hasta el último día hábil del mes de julio de cada año, con información generada del primer seguimiento del Plan de Acción Anual;
• La segunda, una evaluación anual que debe ser registrada hasta el último día hábil del mes de enero del año siguiente, con la información generada por la entidad hasta el último día hábil del mes de diciembre de cada año.

La Quinta Disposición Complementaria Final de la Directiva establece que las entidades que inicien sus operaciones con fecha posterior a su vigencia iniciarán el proceso de implementación del SCI a partir del primer día hábil del año siguiente al inicio de sus operaciones, para ello deberán elaborar, registrar y enviar a la Contraloría General de la República, a través del aplicativo informático del SCI, los entregables que evidencien la implementación del citado sistema, dentro de los plazos establecidos por la Directiva.

Los entregables que deben enviar a la Contraloría, son los siguientes:

Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, el incumplimiento de las funciones y responsabilidades relacionadas a la implementación del SCI, por parte de los funcionarios y servidores, conlleva una responsabilidad administrativa pasible de ser sancionada de acuerdo a la normativa laboral aplicable, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, de ser el caso.

En ese sentido, cuando la entidad advierta el incumplimiento de las funciones y responsabilidades relacionadas a la implementación del SCI por parte de sus funcionarios y servidores, debe iniciar el procedimiento disciplinario sancionador correspondiente para determinar la responsabilidad administrativa y la sanción que corresponda al hecho, según la gravedad del mismo. Asimismo, la entidad debe iniciar los procedimientos disciplinarios sancionadores en los casos que sea una recomendación de los Órganos de Control Institucional y Órganos y Unidades Orgánicas de Control de la Contraloría General de la República.

Son consideradas como rezagadas aquellas entidades que no cumplieron con registrar y enviar a la Contraloría General de la República, a través del aplicativo informático del SCI, los entregables que evidencien la implementación del citado sistema, en los plazos establecidos en la Directiva, así como aquellas entidades que sólo envíen algunos de los entregables.

Al respecto, debemos señalar que todas las entidades que se encuentran bajo el control del Sistema Nacional de Control se encuentran en la obligación de implementar el SCI, conforme a las disposiciones contenidas en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG y sus modificatorias, debiendo registrar en el aplicativo informático del SCI los entregables que evidencien la implementación del citado sistema.

En ese sentido, las entidades que se encuentren en condición de rezagadas por no haber iniciado el proceso de implementación del SCI, deben iniciar inmediatamente con dicho proceso, debiendo registrar en el aplicativo informático del SCI, los entregables que evidencien la implementación del citado sistema. En el caso de las entidades que sólo hayan registrado algún o algunos entregables que evidencian la implementación del sistema, deben continuar con el proceso de implementación hasta cumplir con registrar todos los entregables.

Asimismo, en cualquiera de estos dos casos la entidad debe, además, iniciar el procedimiento disciplinario sancionador correspondiente, en el cual se determine la responsabilidad administrativa y sanción, de corresponder, de los funcionarios y servidores que no cumplieron con sus obligaciones y responsabilidades relacionada a la implementación del SCI, en mérito de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado y el numeral 7.6 y la Novena Disposición Complementaria Transitoria de la Directiva y las normas aplicables al caso.

Cabe precisar que la Contraloría General de la República publicará en su portal institucional como parte del avance de la implementación del SCI, la lista de entidades que no han cumplido con implementar el SCI, conforme a lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final de la Directiva.

Las entidades que se encuentran exceptuadas del alcance de la nueva Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, son:

Los entregables que deben enviar a la Contraloría, son los siguientes:

• El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE y las empresas del Estado que se encuentran bajo su supervisión.
• La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – SBS y las entidades financieras que se encuentran bajo su supervisión
• Banco Central de Reserva del Perú – BCRP
• Petróleos del Perú – Petroperú S.A.

Para el caso de las entidades exceptuadas del alcance de la nueva Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, implementarán el Sistema de Control Interno, bajo el alcance de la Directiva N° 011-2019-CG/INTEG.